El senador Monreal publicó su borrador de iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
Como lo había anunciado, el senador Monreal publicó su borrador de iniciativa de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la cual propone un esquema de regulación para las redes sociales.
La propuesta llega después de un largo tiempo en el que el mundo ha estado analizando el fenómeno digital con sus numerosas implicaciones económicas, sociales, humanas y éticas; debate del cual México ha estado ausente.
Ahora, sin poder beneficiarnos de una reflexión profunda y participativa que nos ayude a comprender estos complejos asuntos, sin abrir un diálogo con la sociedad, incluyendo a las autoridades, las empresas, expertas, usuarias y ciudadanas, nos encontramos con una propuesta que pretende empezar por el final. La solución, antes de acordar cuál es el problema y cuáles, las prioridades.
En el acotado análisis que hace el proyecto, están ausentes temas fundamentales para entender el funcionamiento de las redes sociales, como son sus modelos de negocios que dependen en muchos casos de la comercialización de los datos o el tráfico de los usuarios para generar ingresos. Tampoco se considera la dinámica de estos complejos sistemas donde los mercados se expresan en numerosos “lados” y, lo que se haga en uno, tiene impacto en los otros. Sin entender el papel que tiene la oferta de información o de noticias en estas plataformas, difícilmente se puede concebir mecanismos que puedan ser exitosos. Por ejemplo, sabemos que la información amarillista o negativa, independientemente de que sea verdadera o falsa, se reproduce más rápidamente y genera mayor tráfico, por lo que esto sesgo genera incentivos económicos para que se difunda más que la información objetiva. ¿Cómo combatir las noticias falsas si ni siquiera se está al tanto de este fenómeno?
Llegamos tarde al análisis colectivo. Al menos, hagámoslo bien. La única ventaja de ir rezagados es que podemos aprovechar la experiencia y reflexión de los demás para avanzar a grandes pasos. Lo que no debemos hacer es saltarnos etapas, porque lo que está en juego es muy importante. Se trata de proteger nuestras libertades y derechos ciudadanos.
En este tiempo que nos toca vivir, las redes sociales se han convertido en el ágora donde ejercemos, entre otros, nuestros derechos a la libertad de expresión, a la información, a la asociación, a la manifestación, a una vida democrática, a la pluralidad y la diversidad. La interacción que se produce en las redes puede vulnerar esos derechos cuando se traduce en notificas falsas, manipulación de la opinión pública, incitación a la violencia, discurso de odio, o en violencia digital en sus distintas expresiones, como la política y la de género.
Por eso, debemos acercarnos a esta cuestión con gran responsabilidad y cuidado.
En el proyecto que se ha hecho público, algunos aspectos parecen razonables y otros, sumamente preocupantes. Pero, antes de entrar a las particularidades, es preciso dar un paso hacia atrás y no perder de vista el bosque por enfocar el árbol.
No encontramos explicación alguna sobre las grandes omisiones de este proyecto. ¿Por qué se enfoca sólo en algunos temas específicos de la amplia agenda que podría integrarse y es omiso en otros? ¿Por qué no considera a las noticias falsas como un fenómeno que por sí mismo merece atención pública? ¿Por qué no se plantean estrategias para detectar y eliminar las noticias falsas? ¿Por qué no se analiza el efecto de las cuentas automatizadas (las granjas de bots) en la manipulación deliberada de la opinión pública? ¿Por qué tampoco se analiza la publicidad o propaganda política dirigida?
¿Por qué no se sopesan distintas alternativas regulatorias, antes de proponer una solución única? Algunos problemas pueden ser bien resueltos con simples obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, otros con mecanismos ciudadanos, corregulación o autorregulación o mediante esquemas de gobernanza multipartes. En aquellos casos que se justifique la intervención gubernamental, también hay alternativas, desde la aplicación de códigos, resolución de controversias o la experimentación regulatoria (regulatory sandboxes), hasta la prohibición tajante. Pero la propuesta no valora las alternativas.
Lo que suele suceder en este país es que cuando un tema se abre y conduce a una reforma legislativa, lo que quede pendiente deberá esperar mucho tiempo para ser atendido, si es que algún día sucede. La propuesta que está sobre la mesa impone una agenda unilateral donde no se dio espacio para la discusión y que no coincide necesariamente con el interés público ni con las prioridades de la sociedad.
Respecto de la propuesta de que le corresponda al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) intervenir en estos temas, coincido con la visión del proyecto, que en sentido estricto no le da ninguna facultad a este órgano autónomo, pero interpreta de forma coherente y convergente las que tiene otorgadas en la Constitución.
Hay que reconocer que la arquitectura institucional planteada en la Constitución tiene amplias miras: el IFT no sólo es un regulador técnico y económico, sino también autoridad de competencia y garante de derechos humanos. De manera congruente, la Carta Magna ordenó al Congreso que emitiera una ley convergente, lo que, lamentablemente, no sucedió. La historia que ha seguido es una muestra de grandes resistencias, comenzando por la emisión de una ley que no es realmente convergente y que mantiene casillas restrictivas con definiciones y conceptos del siglo 20. Esa misma mirada al pasado también ha estado presente en la interpretación y la aplicación sumamente tradicional del día a día regulatorio y judicial.
Ahora bien, el que el IFT cuente con facultades constitucionales para abordar estos temas, no debe llevarnos a omitir una necesaria reflexión sobre el diseño institucional que necesitamos para los nuevos retos del mundo digital. Ese es otro tema en el que responsablemente otros países han avanzado y que también está ausente en el abordaje del Senador Monreal.
En cuanto a los mecanismos regulatorios concretos que propone el proyecto, se nos dice que el objetivo es la regulación de las redes sociales para evitar la censura. Ello, sin expresar claramente cuál es el concepto de censura que se pretende combatir, y que sólo podemos deducir del proyecto.
Se plantea que las redes sociales deben someter a autorización del IFT sus mecanismos de moderación de contenidos, donde los únicos supuestos para poder bloquear contenidos o suspender cuentas son: ataques a la moral, al orden público, la vida privada, los derechos de terceros, provocar delitos o perturbar el orden público; afectar los derechos de menores; difundir mensajes de odio; y revelar datos personales.
La exposición de motivos del proyecto curiosamente menciona el caso de Cambridge Analytica, donde se manipuló deliberadamente la opinión pública abusando de los datos personales de los usuarios y creando noticias falsas, para incidir en el proceso electoral. Pues bien, este grave caso se refiere para darle fuerza a la propuesta, pero, en los mecanismos concretos, lejos de combatir este fenómeno, la propuesta termina por dejarle cancha libre.
Una autoridad no puede hacer algo para lo que no esté expresamente facultada. El proyecto hace una lista restrictiva de los motivos por los que se puede bajar contenido o cancelar perfiles y cuentas, y en esa lista no están los casos de la difusión de información falsa, del uso de cuentas automatizadas para manipular la opinión pública, ni el de la violencia digital, política y de género. Sin tener que decirlo abiertamente, lo que hace el proyecto es prohibir al IFT y a las redes sociales suspender cuentas o bajar contenido dolosamente falso o manipulador y cruzarse de manos frente a la violencia digital.
Lejos de proteger la libertad de expresión, este esquema vulnera nuestro derecho a la información y limita las facultades constitucionales del IFT para tutelar este derecho, tal como le ordena el art. 7º constitucional.
Por otro lado, seguir usando conceptos vagos y subjetivos como “ataques a la moral y al orden público” puede servir para reeditar la experiencia que hemos tenido en México, donde la regulación de contenidos no ha sido eficaz en la protección de derechos (allí, el discurso discriminatorio, misógino, homofóbico, violento y con afectaciones a la niñez, de curso normal en muchos medios), pero sí se ha usado con fines de censura o moralistas, terminando por perseguir voces críticas, así como bloquear desnudos intrascendentes y palabras altisonantes, pero sin cuidar los principios de la convivencia democrática.
Este proyecto se nos presenta con un empaque muy elaborado y vistoso, hecho con el último fin de que no pueda ocurrir en México lo que hemos visto en EEUU con el bloqueo de las cuentas de Donald Trump, ni que se repita aquí la reciente suspensión de perfiles automatizados que viralizaban contenidos falsos.
Esta historia ya la vimos con la promulgación de la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que, en uno de sus artículos transitorios limitó gravemente al IFT para ejercer sus facultades en materia de competencia y evitar la concentración excesiva de los mercados.
Con un enfoque similar, la ley también ató de manos al IFT en temas de propiedad cruzada, tema fundamental para proteger la pluralidad. El resultado es que, después de 7 años de la creación del IFT, no ha habido ni una actuación relacionada con propiedad cruzada de medios.
Siguiendo la misma y conocida receta, esta propuesta nos llevaría a la parálisis del IFT para actuar contra la información falsa y la manipulación de la opinión pública en las redes.
Y todo esto, en sentido inverso del llamado reciente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que: “las personas con posiciones de notoriedad o que aspiran a cargos de representatividad contribuyan activamente a que las deliberaciones democráticas estén libres de violencia, desinformación, odio y manipulación.”
Como cereza del pastel, además, nos ronda una iniciativa de reforma al artículo 73 constitucional en materia de ciberseguridad, que amenaza con impulsar un mayor autoritarismo.