En materia de gobernanza de Inteligencia Artificial, México cuenta con fortalezas importantes, como una legislación sólida de protección de datos, así como organizaciones autónomas como el IFT o el INAI, capaces de proteger los derechos de los usuarios de los servicios tecnológicos, aunque es indispensable que el próximo gobierno incorpore al Plan Nacional de Desarrollo (PND) la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.
Al presentar en el Senado de la República el “Reporte de Evaluación del Estado de Preparación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial en México”, documento preparado por la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA) y el Centro-i para la Sociedad del Futuro, representantes de diversas organizaciones destacaron que, además de las fortalezas, también existen retos que se deben atender.
Durante el evento, los distintos oradores recibieron con beneplácito las propuestas del futuro gobierno federal de crear la Secretaría de Ciencia y Tecnología y la Agencia de Transformación Digital, porque demuestra la voluntad de caminar hacia una visión donde se tome en cuenta el avance exponencial de la tecnología y la necesidad de contar con una gobernanza plena donde se coloque a los derechos humanos en el centro.
La senadora Alejandra Lagunes destacó el trabajo realizado por más de 300 expertos de la ANIA para analizar a fondo la tecnología de la Inteligencia Artificial que “traerá un cambio tan profundo, que marcará una nueva era civilizatoria, una transformación del contrato social tan profunda, que para el año 2030, el 50 por ciento de los empleos se transformarán y un 75 por ciento estará relacionado con la IA”.
Esto supone cambios profundos que se deben anticipar, puesto que también hay gigantescas inversiones en juego, porque esta tecnología genera 4.4 trillones de dólares anuales en productividad y 13 mil millones de dólares en valor agregado a la economía mundial, aunque en México todavía se deben cerrar brechas, acabar con la inequidad y garantizar que la tecnología se use para el desarrollo sostenible con respeto a la dignidad de las personas.
Se trata de “una discusión social y ética con el ser humano y su bienestar al centro, donde se tiene que lograr una regulación adaptable y responsable con una gobernanza innovadora para enfrentar el cambio. Es momento de consenso, de corresponsabilidad, de trabajar juntos para llevar a México a un futuro que ya está aquí”, señaló.
La legisladora del Partido Verde anunció la presentación ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de una iniciativa para dotar al Instituto Belisario Domínguez de facultades para asesorar en nuevas tecnologías e implementar un Parlamento Abierto en la materia, además de convertir a la ANIA en Órgano Consultivo del Poder Legislativo en materia de tecnologías emergentes.
Con la presencia de la senadora Xóchitl Gálvez en la audiencia, la senadora Lagunes también adelantó que en próximas semanas se presentarán en la propia Comisión Permanente del Congreso iniciativas colaborativas en materia de Ciberseguridad, Sandbox Regulatorios y Neuroderechos.
En su oportunidad, el embajador Joel Hernández García, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, reiteró el compromiso del Estado Mexicano para sumarse a los criterios éticos que deben normar a la IA y destacó que el anuncio de la creación de la Secretaría de Ciencia y Tecnología y de la Agencia de Transformación Digital, va en esa dirección de la discusión multilateral que no se limita a lo ético, sino también a la seguridad, ciberdelincuencia, respeto a los derechos humanos, entre otras materias.
A su vez, Gabriela Ramos directora adjunta de la UNESCO en México, señaló que en materia regulatoria, “la conversación ya no es si tenemos que normar, sino cómo hacerlo” y advirtió que “México cuenta con un marco legal claro de protección de derechos y libertades, que se debe ampliar a lo digital”, lo cual es una fortaleza importante.
También lo es que “existen marcos jurídicos cimentados en organismos autónomos como el IFT y el INAI, que tienen atribuciones importantes en estos temas, que ya no se limitan sólo a la privacidad, sino también tienen que ver con la representatividad, calidad y uso ético de los datos”.
Y aunque en el mercado mexicano la Inteligencia Artificial alcanza un valor de 3 mil 780 millones de dólares, con un incremento del 30 por ciento respecto al año anterior “que no es menor”, todavía esta tecnología está muy concentrada en dos países (Estados Unidos y China), concentración que puede generar muchas desigualdades.
Al presentar el contenido del Reporte, que mide cómo se ha adaptado el país a las recomendaciones éticas de la UNESCO en materia de Inteligencia Artificial, Elena Estavillo, directora del Centro-i para la Sociedad del Futuro explicó que este documento analiza el tema en cinco áreas: legal y regulatoria; sociocultural; científica y educativa; económica técnica; e infraestructura, donde se detectaron fortalezas y oportunidades.
En materia legal y regulatoria, una fortaleza es la protección de la privacidad que alcanzó un puntaje de 136 sobre 150 en 138 países medidos. También es una fortaleza la protección constitucional a la paridad de género, el derecho a la privacidad y el acceso a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICs), así como la creciente adopción de internet y servicios móviles.
Por lo que toca a los retos destaca la falta de un plan nacional digital o de inteligencia artificial; las desigualdades socioeconómicas, la necesidad de impulsar tecnologías de la información y la IA en servicios públicos y el compromiso de la administración entrante en la transformación digital.
Al respecto, Elena Estavillo dijo coincidir «con una visión muy optimista por estos anuncios recientes de contar con una Secretaría de Ciencia y Tecnología y con una nueva Agencia de Transformación Digital, creo que son señales poderosísimas para que este reto se vuelva una fortaleza”.
Asimismo, otra de las propuestas incluidas en el documento son que la estrategia nacional de IA esté integrada en el Plan Nacional de Desarrollo, que se cuente con instrumentos regulatorios ágiles (como por ejemplo los Sandbox regulatorios); tener un mapeo del ecosistema de la IA; integrar el marco jurídico y un diseño institucional y de gobernanza en múltiples ejes.
Se propone contar con un sistema de identidad digital única operada por un organismo independiente; tener políticas para enfrentar cambios laborales que se generan por la IA e identificar activos y servicios críticos.