Por Juan Carlos Villarruel
La eventual desaparición de los órganos autónomos del Estado Mexicano implicaría eliminar “un ingrediente valiosísimo de nuestra vida democrática”, porque se trata de instituciones que crean balances y disminuyen la politización en decisiones que deben responder al interés público y fundamentos técnicos.
Específicamente en el caso de las telecomunicaciones, la eventual eliminación del Instituto Federal en la materia, como propone la iniciativa de reforma constitucional presentada el 5 de febrero por el presidente de la República, “significa borrar el aprendizaje y la construcción institucional que nos costó años alcanzar”.
Además, el trabajo del IFT redundó, por primera vez en la historia de México, en beneficios directos en los derechos de la población, como la reducción de 31.7 por ciento en las tarifas de servicios o el incremento significativo en cobertura de internet, que pasó de 40 millones en 2013 a 93.1 millones en 2022, por sólo mencionar algunos.
Elena Estavillo, directora del Centro i para la Sociedad del Futuro, compartió con ConsumoTIC su opinión sobre esta propuesta presidencial y especificó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), es fruto de “un largo aprendizaje, donde pasamos por diferentes figuras, desde tener la regulación y la supervisión a cargo de una Secretaría (la de Comunicaciones y Transportes), después de un órgano desconcentrado, hasta llegar a un regulador autónomo con facultades para proteger la competencia”.
Este camino llevó a la creación del órgano regulador, cuyo diseño, facultades y trabajo especializado, permitió “reducir sustancialmente los precios para los usuarios, incrementar en millones el número de mexicanos con cobertura de Internet, multiplicar las concesiones de radio y televisión en todo el país”, lo cual significa el acceso de más personas a los derechos establecidos en la propia Constitución que ahora se pretende modificar.
Todos estos logros, llevaron a que el IFT fuera considerado internacionalmente como un regulador de primer nivel en el mundo y un modelo a seguir por los demás países en materia de regulación de las telecomunicaciones.
Respecto al argumento presentado por el Ejecutivo Federal en su iniciativa, donde señala que el IFT es un organismo autónomo oneroso y que no representa beneficios para la población, Elena Estavillo recordó que para 2024, el Instituto recibió un presupuesto público de alrededor de mil 680 millones de pesos (3.0 por ciento menos en términos reales en comparación con 2023), mientras la Comisión Federal de Electricidad recibió un aumento del 12 por ciento para llegar a los 493 mil millones de pesos, en tanto Pemex recibió 456 mil 021 millones de pesos.
“Lejos de ser oneroso, el presupuesto (del IFT) no llega ni a una centésima parte, por ejemplo de Pemex o la CFE”, argumentó, al señalar “los comisionados del IFT y también de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) son elegidos a través de un proceso meritocrático, donde tienen que demostrar su probidad y acreditar conocimientos haciendo un examen”, mediante un proceso sancionado y aprobado por mayoría en el Congreso de la Unión.
Por otra parte, Elena Estavillo (quien fue comisionada del IFT en el periodo 2013-2019), señaló que para elegir comisionados, se realizan convocatorias que están abiertas a cualquier ciudadano, lo que las protege de influencias políticas y de favores de cuates. Por el contrario “ninguna Secretaría, tiene un proceso parecido para los nombramientos de los titulares”.
Y por lo que hace a la propuesta de desaparecer otros órganos autónomos, por ejemplo el INAI, consideró que esa institución permite el combate a la corrupción, y es un elemento fundamental para que los servidores públicos respondan de sus actos.
“Dejar esta tarea directamente en el Poder Ejecutivo –como propone la iniciativa– crea un conflicto de interés y cualquier entidad a la que se le dé esa responsabilidad va a estar sometida a las decisiones del Ejecutivo, por lo que dejaría de ser una herramienta útil para la rendición de cuentas”.
Además, en el caso de la protección de datos, la iniciativa de reforma ni siquiera contempla cuál autoridad se encargaría de esta responsabilidad tan importante.
“En la era de la inteligencia artificial, la protección de la privacidad se está convirtiendo en una prioridad para todos los países por lo que se está buscando fortalecer las instituciones relacionadas con este tema, y aquí estaríamos dando un gran retroceso, sin siquiera tener prevista una autoridad responsable de cuidarla”.