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Las negociaciones para renovar el tratado de libre comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá en el 2026 enfrentan el escenario geopolítico más complejo que hemos tenido desde su inauguración, en la década de los 90 en el siglo pasado. Esa complejidad proviene, no tanto del gobierno y las empresas de Canadá, sino de una serie de posiciones cambiantes, en ocasiones encontradas, en varios temas cruciales entre los congresistas de los EU, las empresas americanas y la Casa Blanca.
A medida que Washington se prepara para la revisión del tratado comercial, el Congreso empieza a mostrar con claridad cuáles serán sus líneas rojas, especialmente en capítulos cruciales en la actualidad como el de comercio digital. Aunque la negociación formal corresponde a la Casa Blanca por medio de la Oficina del Representante Comercial (USTR), todo indica que los congresistas estarán muy activos para delimitar el margen de maniobra del ejecutivo. Y lo harán desde posiciones heterogéneas pero ya reconocibles.
Por un lado, un bloque influyente de legisladores republicanos —junto con demócratas moderados vinculados a estados con fuerte presencia tecnológica— seguramente defenderán sin matices la necesidad de proteger los flujos transfronterizos de datos y de prohibir cualquier requisito de localización de servidores o entrega de código fuente. Su narrativa es clara: si Estados Unidos quiere mantener el liderazgo en innovación, el TMEC debe blindar a las empresas tecnológicas frente a nuevas reglas nacionales o regionales que introduzcan lo que consideran “barreras digitales”.