La digitalización de los pagos representa una oportunidad importante para México. Puede
contribuir a reducir costos, fortalecer la seguridad de las transacciones, ampliar el acceso
a servicios financieros y generar condiciones favorables para la formalización y el desarrollo
económico. Aprovechar estos beneficios requiere, sin embargo, que la transformación
digital se construya sobre un principio fundamental: la inclusión debe estar presente
desde el diseño de las políticas públicas, los programas y las soluciones tecnológicas,
no incorporarse después de que sus efectos excluyentes se hayan hecho evidentes.
En el contexto del proceso de discusión de la iniciativa de Ley de Economía Digital para
Pagos Digitales y Electrónicos, que ya ha sido aprobada por la Cámara de Diputados y
próximamente será sometida a aprobación en el Senado, México tiene la oportunidad de
establecer las bases para una transformación que combine innovación, eficiencia y acceso
equitativo. Para ello, es indispensable reconocer que una política puede perseguir objetivos
legítimos y generar beneficios agregados, pero aun así imponer costos desproporcionados
a quienes cuentan con menos recursos para adaptarse.
Avanzar en la digitalización no debe significar trasladar a las personas la responsabilidad
de superar barreras que son visibles desde ahora y pueden atenderse. Tampoco debe
suponer que todas las personas tienen las mismas condiciones para utilizar la tecnología,
acreditar su identidad, acceder a servicios bancarios o resolver una falla digital.
1. La inclusión por diseño como principio de política pública
La inclusión por diseño implica anticipar, desde la concepción de una política o solución
tecnológica, las distintas necesidades, capacidades y circunstancias de la población. Exige
identificar riesgos de exclusión, evaluar impactos diferenciados y establecer salvaguardas
antes de implementar medidas que puedan afectar el acceso a derechos, servicios u
oportunidades económicas.
Este principio es particularmente relevante para las personas adultas mayores, las
personas con distintas discapacidades, quienes viven en localidades con conectividad
limitada, los hogares de menores ingresos, las personas con menores habilidades digitales
y los micronegocios que enfrentan restricciones financieras y operativas. Estos grupos no
son homogéneos, pero pueden estar más expuestos a barreras que conviertan una
innovación en una fuente adicional de costos, dependencia o vulnerabilidad.
Un ejemplo ilustrativo de los efectos que puede tener una medida para la digitalización sin
enfoque de inclusión es el uso de la huella dactilar en los servicios bancarios. A pesar de
los reiterados señalamientos durante años sobre las dificultades que este mecanismo ha
generado, su utilización continúa representando una barrera para personas adultas
mayores, puesto que las huellas van desapareciendo con el tiempo. Cuando un
procedimiento de autenticación falla y no existen alternativas accesibles y eficaces, una
medida concebida para reforzar la seguridad puede terminar restringiendo el acceso al
propio dinero, dificultando operaciones cotidianas y aumentando la dependencia de
terceros. Esta situación también puede generar riesgos adicionales para la autonomía, la
privacidad y la seguridad patrimonial.
Esta y otras experiencias nos confirman que no basta con que una tecnología funcione
para la mayoría; debe contar con alternativas seguras y viables para quienes no pueden
utilizarla en las condiciones previstas.
Esperar a que los problemas se acumulen para corregirlos posteriormente implica costos
humanos y económicos evitables, además de erosionar la confianza en las instituciones.
La experiencia internacional en materia de inclusión financiera digital refuerza la
importancia de considerar las necesidades de las poblaciones tradicionalmente excluidas,
diseñar infraestructuras accesibles y asegurar que la ampliación de los servicios se
traduzca en acceso y uso efectivos.
2. Nuestras propuestas
Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades, las instituciones financieras, los
proveedores tecnológicos y las organizaciones empresariales y sociales a asumir la
inclusión por diseño como un compromiso compartido.
Proponemos avanzar en cinco líneas de acción:
1. Evaluar antes de implementar. Toda medida que impulse o haga obligatoria la
adopción de pagos digitales debe acompañarse de un análisis previo de impacto
distributivo, accesibilidad y riesgos de exclusión, con especial atención a los grupos
y regiones en mayor desventaja.
2. Garantizar alternativas accesibles y seguras. Los mecanismos de
identificación y autenticación deben contemplar opciones para las personas que no
puedan utilizar un procedimiento determinado, sin comprometer la seguridad ni
imponerles cargas desproporcionadas. También deben existir vías accesibles de
atención y resolución de problemas.
3. Asegurar condiciones habilitadoras y un marco institucional de
confianza. La transición debe acompañarse de conectividad, infraestructura
interoperable, educación financiera y digital, protección efectiva de las personas
usuarias y soluciones asequibles para los pequeños negocios. Las obligaciones
deben aplicarse de manera gradual y conforme a condiciones verificables de
viabilidad.
4. Incorporar la experiencia de las personas afectadas. El diseño de políticas y
servicios debe incluir la participación de los grupos que enfrentan mayores barreras,
así como pruebas de accesibilidad y mecanismos de consulta, queja y reparación.
La evaluación debe considerar no solo cuántas personas adoptan una herramienta,
sino quiénes quedan fuera y por qué.
5. Medir resultados de inclusión, no solo de digitalización. Es necesario establecer indicadores que permitan identificar brechas de acceso, costos relativos,
operaciones fallidas, barreras de autenticación y efectos diferenciados por edad,
género, discapacidad, ingreso, lengua, región, entorno rural/urbano, pertenencia a
comunidades indígenas, condición migrante y tamaño de empresa. Estos
indicadores deben orientar la mejora continua y la rendición de cuentas.
3. Una transformación digital que amplíe oportunidades
La inclusión por diseño no es un obstáculo para la innovación ni una exigencia secundaria
que deba atenderse cuando existan recursos disponibles. Es una condición para que la
innovación produzca beneficios sostenibles, fortalezca la confianza y contribuya a reducir
desigualdades, en lugar de reproducirlas o profundizarlas.
México tiene la oportunidad de impulsar, mediante esta ley y las políticas que acompañen
su implementación, una digitalización de pagos que aproveche sus capacidades
tecnológicas sin desconocer la diversidad de condiciones de su población y su economía.
Esto exige evitar tanto la exclusión involuntaria como la imposición de costos relativos
mayores a quienes menos capacidad tienen para absorberlos.
Para construir un sistema de pagos más eficiente, seguro, accesible y justo, la inclusión
debe ser un criterio explícito de diseño, una condición de implementación y un resultado
verificable. La inclusión por diseño, fortaleciendo un marco de confianza, es el camino más
responsable, sostenible y equitativo que podemos seguir.