Incentivos a la inversión

Certidumbre

¿Por qué es importante?

La digitalización requiere de escenarios de certidumbre que incentiven la inversión en equipo y diversas tecnologías, ya que muchas de esas inversiones son cuantiosas y requieren de largos periodos de amortización.

¿Qué nos falta?

  • Fortalecer la seguridad jurídica de las inversiones en materia de digitalización.
  • Contar con una estrategia digital de largo plazo que establezca prioridades y mecanismos claros para avanzar en la digitalización del país y que ofrezca pautas para planear las inversiones necesarias.
  • De 27 países de América Latina y el Caribe, 16 cuentan con agendas digitales vigentes y en implementación, mientras que México forma parte del grupo de los 11 restantes. [1]
  • Por el carácter transversal de la transformación digital, es primordial construir nuevos mecanismos colaborativos que consideren la interacción de distintas instituciones, sectores y agendas, entre ellos, sario considerar los elementos regulatorios en ámbitos como las telecomunicaciones, la competencia, la protección al consumidor, la privacidad, la libertad de expresión, la igualdad.

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[1] En esta sección se toman varios puntos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2021), “Tecnologías digitales para un nuevo futuro”, (LC/TS.2021/43), Santiago. .https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46816/1/S2000961_es.pdf

Ideas para explorar

  • La CEPAL propone un esquema para integrar las agendas digitales nacionales considerando diferentes instancias de gobierno, el alcance de las políticas públicas y los ámbitos temáticos.

Lo que ha funcionado

  • El éxito de las agendas digitales depende de factores institucionales y organizacionales, especialmente vinculados a la formulación de políticas intersectoriales, al establecimiento de prioridades estratégicas, a la coordinación multisectorial, al financiamiento, a la aplicación de incentivos, a la adaptación de los marcos regulatorios y legislativos, y a la aplicación de instrumentos de medición y seguimiento.
  • El alcance regulatorio, el marco legal, la independencia, los recursos y su articulación con otros órganos del Estado son elementos críticos de la política digital. El avance hacia nuevos modelos de trabajo horizontal y menos jerarquizado es otro gran reto.

Neutralidad regulatoria, fiscal y competitiva

La neutralidad es una condición que permite el libre desarrollo tecnológico y la  innovación en los mercados. Se puede expresar en distintos ámbitos.

La neutralidad regulatoria se refiere a que los distintos jugadores y modelos de negocios que compiten en los mercados deben gozar de las mismas facilidades y estar sujetos a obligaciones equivalentes, que no sean más onerosas para unos que para otros.

La neutralidad fiscal exige que se impongan las mismas cargas contributivas a los competidores que se enfrentan en los mismos mercados, independientemente de su naturaleza jurídica o modelo de negocios.

UIT explica el principio de neutralidad tecnológica como el “tratar por igual a las diferentes tecnologías que ofrecen servicios similares”. Otra manera de concebirlo se refiere a la aplicación de reglas que no favorezcan indebidamente el uso de una tecnología sobre otra, sino que permitan la libre elección y desarrollo de las mismas.

También se ha mencionado la neutralidad a la competencia, que busca que cuando el Estado es propietario de empresas, no se otorguen privilegios ni ventajas a éstas frente a las condiciones que enfrentan las empresas privadas.

FInalmente, la neutralidad de red exige que los proveedores de acceso a internet no privilegien ningún contenido, proveedor o servicio, de forma que se preserve la absoluta libertad de las usuarias para elegirlos.

¿Por qué es importante?

  • Para que existan condiciones de certidumbre y piso parejo se requiere que exista neutralidad regulatoria, fiscal, tecnológica, competitiva y de red.
  • La neutralidad en sus distintos ámbitos crea un clima propicio a la inversión y la innovación, pero también a la pluralidad, la igualdad, el acceso a la información y la libertad de expresión. Estas condiciones apuntalan asimismo el impacto positivo del ecosistema digital en la democracia.
  • La neutralidad competitiva es un principio esencial para el comercio y la libertad de empresa, por lo que se refleja en numerosos convenios y tratados internacionales de los que México es parte, como es el T-MEC en su capítulo 22.

¿Qué nos falta?

  • Reflejar los distintos principios de neutralidad en lineamientos, mecanismos y recomendaciones, para facilitar su aplicación.
  • Considerar los distintos principios de neutralidad en el diseño regulatorio, normas y procedimientos gubernamentales, como por ejemplo en las adquisiciones y licitaciones públicas.

Una experiencia de la que se puede aprender

  • El caso de la Red Nacional de Radiocomunicación (RNR) en México deja lecciones importantes. [1]
    • Esta red de las instituciones de seguridad pública federal y estatales funcionó durante años bajo condiciones que no permitían la evolución ni complementación tecnológica, ya que se usaba un solo estándar cerrado, el equipo Tetrapol, que no permitía interoperar ni incorporar funciones valiosas como la transmisión de videos, con lo que se limitó la capacidad de acción y de coordinación de las autoridades de seguridad pública.
    • Después de 20 años, se decidió abandonar ese modelo por otro con competencia, neutralidad tecnológica y arquitectura abierta, que permita la modernización y actualización continua.

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[1] Estavillo, Elena (2021). “Competencia y seguridad en la nube”, Forbes, 12 de agosto de 2021. https://www.forbes.com.mx/red-forbes-competencia-y-seguridad-en-la-nube/

Alineación de la política fiscal con la transformación digital

 

¿Por qué es importante?

  • Promueve las inversiones y el crecimiento de las TIC, lo cual genera una gran cantidad de impactos positivos dado el poderoso efecto multiplicador que éstas tienen en la economía del país.
  • Permite sumar los esfuerzos fiscales, los regulatorios y la política pública sin que estos se contrapongan, para obtener los mayores beneficios para la sociedad.
  • Impulsa que las decisiones públicas se orienten hacia el análisis sistémico con una visión de largo plazo, de manera que se pongan en marcha procesos que de manera sostenida y estructural generen mayor desarrollo, integración nacional, bienestar y, al mismo tiempo, recursos fiscales.

¿Qué nos falta?

  • Mecanismos de colaboración interinstitucional relacionados con la planeación del desarrollo que integren el análisis sistémico en la toma de decisiones, para que las acciones de distintas autoridades se apoyen para lograr objetivos comunes.
  • Planear para el largo plazo y de ahí derivar las estrategias y programas anuales y de mediano plazo que sean consistentes entre ellos.
  • Generar evidencia que demuestre que una política fiscal alineada con los objetivos de la transformación digital, puede generar flujos sostenidos de recaudación fa lo largo de largos períodos, debido al mismo desarrollo del sector, pero más aún al efecto multiplicador en la actividad económica y al cambio estructural del cierre de brechas económicas y sociales.
  • Analizar la conveniencia de establecer subsidios focalizados e incentivos fiscales desde la óptica de la inversión social.

Una práctica a seguir

Para evitar que el sistema tributario desincentive la inversión y el consumo de servicios móviles, los gobiernos pueden seguir los pasos de Ecuador y abordar una serie de reformas como las siguientes: [1]

  • Reducir los impuestos específicos y las tasas aplicables al sector. Estos impuestos pueden distorsionar el mercado y afectar los precios y niveles de inversión.
  • Reducir la complejidad e incertidumbre fiscal sobre el sector. El riesgo de futuros aumentos de impuestos pesa sobre las decisiones de inversión. Además, las tasas aplicadas sobre diferentes bases fiscales incrementan los costos de cumplimiento.
  • Reducir o eliminar los aranceles aduaneros para no limitar el acceso a los servicios digitales y no encarecer los equipos de red y el costo de despliegue de redes.
  • Eliminar los impuestos al consumidor sobre el acceso a servicios. El servicio de internet no debe ser considerado como un bien de lujo. Hoy, siendo que las terminales móviles son el principal democratizador del acceso a internet, sería conveniente incluso eliminar los impuestos aplicables a los teléfonos móviles de gama baja.
  • Impulsar una política de disminución de los precios del espectro para facilitar servicios de mejor calidad y más asequibles.

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[1] GSMA (2020), “Las 4 reformas fiscales que implementó Ecuador para favorecer la inclusión digital”, 22 de marzo de 2022. https://www.gsma.com/latinamerica/es/reformas-fiscales-ecuador-inclusion-digital/

Lo que dicen los datos

  • Parece existir una relación inversa entre la carga fiscal y la contratación de servicios de internet que incluyen consumo de datos (adopción de servicios de datos). La relación inversa también parece mantenerse entre la carga fiscal a teléfonos celulares y la penetración de dispositivos móviles. [1]

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[1] Katz, Raúl; Flores-Roux, Ernesto; Mariscal, Judith (2012). “El Impacto de la Tributación en el Desarrollo del Sector de Banda Ancha Móvil”. https://www.gsma.com/spectrum/wp-content/uploads/2012/03/tasreportspanish.pdf
Fuente: Katz, Flores-Roux, Mariscal (2012)

Gobierno electrónico como detonador digital

¿Por qué es importante?

  • Los gobiernos tienen la capacidad de acelerar los procesos de transformación digital y adopción tecnológica, por la relación estrecha que guarda con la ciudadanía. Si el Estado se digitaliza, esto crea cadenas de adopción tecnológica que además generan mayor valor y justifican que la ciudadanía en general se digitalice. Este proceso detona una cascada de beneficios diversos para el Estado y para todos los sectores económicos y sociales.
  • Como usuario de las nuevas tecnologías, el gobierno puede mejorar la eficiencia y la eficacia de su gestión, disminuir sensiblemente los costos de los trámites de supervisión y de cumplimiento de las organizaciones y de las ciudadanas y ciudadanos, reducir todos sus costos administrativos y reforzar las capacidades de supervisión del Estado, todo lo cual puede repercutir en beneficios para la sociedad en su conjunto.
  • Mejorar la accesibilidad y la calidad de los servicios públicos, lo cual no sólo implica ahorros en tiempo y dinero a las y los ciudadanos, sino que permite que poblaciones marginadas tengan acceso por primera vez a servicios públicos fundamentales como salud, educación y justicia.
  • Genera impactos similares a los que se observan en las empresas, en las que la digitalización promueve la innovación y eleva la productividad.
  • Logra que la transformación digital desencadene un cambio de paradigma en la relación entre el Estado y los ciudadanos, al acelerar el avance de un desarrollo más inclusivo, transparente y eficiente en  regiones donde la desigualdad, la corrupción y la ineficiencia burocrática son desafíos prevalentes.
  • Refuerza el papel del Estado como actor estratégico en el impulso de la competencia, cuando se privilegia el uso de las adquisiciones públicas a través de licitaciones competitivas y neutrales a la tecnología y que impulsen el uso de sistemas abiertos e interoperables.

¿Qué nos falta?

  • Visualizar la transformación digital de la administración pública como una inversión fundamental para el desarrollo del país y no como un simple gasto corriente.
  • Incorporar la adopción digital como una herramienta estratégica para alcanzar objetivos de política pública, como por ejemplo la eficiencia terminal en la educación, la formalización de la actividad económica o la detección temprana de padecimientos de salud.
  • Contar con un marco normativo que respalden y guíen las estrategias de gobierno digital de las distintas entidades públicas.
  • Ampliar el alcance de las estrategias de gobierno digital, generalizándolas a todos los órganos y niveles del Estado.
  • Asegurar la interoperabilidad entre los sistemas de distintas instituciones para que pueden interactuar entre ellas, compartiendo datos y procesos y automatizando algunos de ellos. Por ejemplo, que una autoridad no solicite a los ciudadanos un documento que genera otra autoridad del gobierno.
  • Mejorar la calidad de la provisión presencial de transacciones con apoyo en personal calificado y ventanillas únicas de manera que la digitalización no tenga el efecto de excluir a personas o instituciones que aún no se han digitalizado.

Ideas por explorar

  • Blockchain emerge como un gran aliado en la lucha contra la corrupción garantizando la integridad y la transparencia en las transacciones de compras públicas. Aplicaciones como los contratos inteligentes, capaces de ejecutar código en una red distribuida (sin un control centralizado), permiten facilitar los procesos de compras y disminuir los costos de seguimiento.

Lo que nos dicen los datos

  • Existe una brecha de género en el uso de procesos y trámites de gobierno digital. Para cerrarla es importante conocer sus causas: ¿menor acceso a dispositivos y servicios de internet por parte de las mujeres? ¿menor agencia e incidencia en estos asuntos debido a los roles tradicionales de género? ¿menor interés o relevancia de las aplicaciones gubernamentales para sus necesidades?
Fuente: Agüero, Aileen; Bustelo, Monserrat; Viollaz, Mariana. BID (2020)
  • El Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico (EGDI, por sus siglas en inglés) presenta el estado del desarrollo del gobierno electrónico de los estados miembros de las Naciones Unidas a través de un índice compuesto de tres dimensiones: provisión de servicios en línea, conectividad de telecomunicaciones y capacidad humana. De esta forma, el EGDI, junto con una evaluación de los patrones de desarrollo de sitios web en un país, las características de acceso, como la infraestructura y los niveles educativos, refleja cómo un país está utilizando las tecnologías de la información para promover el acceso y la inclusión de su gente. Conforme a las estimaciones de las Naciones Unidas, México se encuentra en el lugar 62 de 193 países. [1]

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[1] UN E-Government Knowledgebase https://publicadministration.un.org/egovkb/Data-Center
Fuente: ONU, E-Government Knowledgebase.

Ciberseguridad

¿Por qué es importante?

  • Para avanzar en la transformación digital de manera que lo que se vaya logrando no quede expuesto a riesgos que generen retrocesos.
  • Para construir confianza en el ecosistema digital de forma que las personas en lo individual, las empresas, organizaciones e instituciones de todo tipo vayan adoptando las tecnologías.
  • A medida que avanza la adopción tecnológica se acumulan más datos personales y de organizaciones públicas y privadas, lo cual incrementa los riesgos de sufrir ciberataques.
  • Para alcanzar los beneficios potenciales de la transformación digital es preciso tener sistemas confiables, seguros y resilientes.

¿Qué nos falta?

  • Incorporar la ciberseguridad como una parte integral de cualquier estrategia de digitalización, que debe implementarse a todo lo largo de los procesos.
  • Adoptar procesos de ciberseguridad horizontales y transversales, que no descansen exclusivamente en equipos especializados y donde los usuarios sean una parte central del aseguramiento de la seguridad.

Lo que dicen los datos

  • Un estudio publicado por la compañía experta en ciberseguridad Kaspersky, apuntó que entre enero y septiembre del 2020, la región sufrió 20.5 millones de ataques informáticos a usuarios en el hogar, en donde México concentró el 28% de los ataques, solo después de Brasil (56%).[1]
  • Pese a ello, República Dominicana y Panamá son los únicos países de la región que han ratificado el Convenio de Budapest de 2011 sobre Ciberdelincuencia, pese a que el Consejo de Europa ha invitado oficialmente a otros siete países latinoamericanos a que los suscriban, entre los que se encuentra México.[2]

 

[1]Dato citado por Latam Business School, https://blog.latam.university/blog/ranking-de-paises-de-latinoamerica-que-sufren-mas-ciberataques/
[2] OCDE (2016), “Políticas de banda ancha para América Latina y el Caribe. Un manual para la economía digital”. https://read.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/politicas-de-banda-ancha-para-america-latina-y-el-caribe/gestion-de-riesgos-de-seguridad-digital_9789264259027-17-es#page7

Experiencias de las que debemos aprender

La vulnerabilidad de los sistemas y redes del sector público en México se ha evidenciado en los numerosos ciberataques padecidos en los últimos años.

  • El ataque a Petróleos Mexicanos en 2019, extrajo 180,000 archivos con nombres de usuarios, contraseñas, bases de datos, bitácoras, etc., que, al menos hasta febrero de 2021, se encontraban todavía en la red oscura.
  • En 2018 Bancomext fue sujeta de un intento de robo de 110 millones de dólares que solo pudo ser evitado gracias a la diferencia de horarios, que abrió una ventana de oportunidad para el rescate de los fondos antes de que iniciara el día bancario en Corea.
  • El caso Guacamaya Leaks evidenció la vulnerabilidad de los sistemas informáticos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que debería tener niveles de ciberseguridad más estrictos que otras entidades.
  • El hackeo a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en octubre de 2022 tuvo afectaciones tan profundas, que la autoridad se vio obligada a detener todos sus trámites, incluyendo la emisión y renovación de licencias de autotransporte, permisos, licencias y certificados de capacidad para la aviación, cuando al mismo tiempo se encuentra intentando recuperar la categoría 1 de la Administración de la Aviación Federal de EE.UU.
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